Para acceder a su cargos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y del Instituto Federal Electoral dependen del visto bueno de las cúpulas de los partidos, del presidente de la República, de los gobernadores, diputados, senadores y poderes fácticos como la élite empresarial, los medios de comunicación y la Iglesia hegemónica.

Sólo ellos en este país pueden elegir a quienes los vigilan y los juzgan. Determinaron a los árbitros de la contienda electoral cuando nombraron a los consejeros del IFE, y a quienes han de garantizar la honestidad y transparencia en la función pública cuando nombraron a las comisionadas del IFAI.

Eligieron este jueves, por ejemplo, al nuevo presidente de la CNDH, quien ha de vigilar que en ninguna esfera de gobierno se violen los derechos humanos de los mexicanos. En esta elección, el veto de la Arquidiócesis de México contra Emilio Álvarez Icaza, por considerarlo “el más connotado pro abortista del Distrito Federal”, tuvo sus consecuencias esperadas. Logró no sólo hacer a un lado a Álvarez Icaza de la presidencia de la CNDH, sino que nombraran un presidente afín a los intereses del gobierno y de la Iglesia al colocar en el puesto a Raúl Plascencia, quien representa la continuidad del mandato de José Luis Soberanes.

Su siguiente decisión estratégica consistirá en elegir a los relevos de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, entre otras altas responsabilidades, tienen la de determinar la constitucionalidad de las leyes que se expidan.

Las decisiones de la SCJN y de los “órganos autónomos” necesariamente benefician a unos y perjudican a otros. El problema surge cuando sólo benefician a la minoría en el poder. Salvo honrosas excepciones, es difícil pensar que sus titulares desempeñan sus funciones con libertad y honestidad, vigilando, fiscalizando y limitando al poder, a pesar de que esto afecte a quienes los pusieron en sus cargos, por lo que su independencia y autonomía es reducida a buenos deseos y utilizada como discurso político para legitimar las pretensiones de unos cuantos.

La elección manipulada de quienes ocupan todos estos importantes cargos difícilmente garantiza su imparcialidad. Cuando los nombran esperan reciprocidad y en la gran mayoría de los casos la obtienen. El más elemental principio para garantizar la imparcialidad nos dice que un juez no puede tener interés personal en el tema que va a juzgar. Este principio se rompe necesariamente con la forma de elección de quienes vigilan y juzgan a los poderosos.

Los grupos en el poder están más concentrados en nombrar personas que mantengan sus privilegios que en garantizar justicia, transparencia e igualdad a los mexicanos.

Al concentrar el poder, se vuelven juez y parte en sus propios asuntos, generando gobiernos tiranos en los que se impone una sola visión. En un Estado democrático no puede explicarse la función de la SCJN sin independencia, tampoco la función de la CNDH, del IFE y del IFAI sin verdadera autonomía. Su legitimidad depende de la certeza que tengan los ciudadanos sobre la imparcialidad de sus titulares, y esta certeza definitivamente no puede obtenerse mediante los actuales métodos de elección.

Resulta entonces necesaria una reforma que garantice que el acceso a estos cargos no esté condicionado al visto bueno de los cotos de poder, un proceso verdaderamente abierto y transparente que incluya la participación ciudadana.

El problema es que una reforma así necesita pasar, desde luego, por la aprobación de estos mismos cotos de poder, que difícilmente aceptarán ponerse la soga al cuello y disponerse a cumplir sin distinciones con la ley y a ser realmente controlados, fiscalizados y sancionados. Cuando la independencia depende de la voluntad de los verdugos, es imposible que se dé.

Analista