La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó dar entrada a la controversia constitucional presentada por el Senado de la República en torno al caso Banamex, con el fin de determinar si fue legal o no la inyección de capital del gobierno de Estados Unidos a Citigroup.

Por ello, serán citados a comparecer y presentar sus alegatos en el caso el presidente Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico).

El Senado solicitó a la SCJN, mediante este recurso, que se analice si con esa inyección de recursos provenientes de gobiernos extranjeros se violó o no lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito y si en ello hubo omisiones de autoridades.

El ministro Juan Silva Meza será quien elabore el dictamen correspondiente en esta controversia, en la cual los senadores piden se anule la autorización de la Secretaría de Hacienda por la cual se permite la participación temporal de gobiernos extranjeros en bancos e instituciones financieras que operan en el país, luego de la decisión de gobiernos extranjeros de rescatar con capital gubernamental a instituciones bancarias y financieras.

De acuerdo con el contenido de la citada controversia, los ministros analizarán si hubo omisiones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, debido a que no intervinieron ni tomaron medida alguna para regular la entrada del capital social directo e indirecto de gobiernos extranjeros en bancos que operan en México.

De acuerdo con los antecedentes del caso Banamex, la resolución que tomen los ministros en esta controversia podría afectar al menos a otros nueve bancos que operan en México y que se encuentran en la misma situación que el Citigrupo.

Con la citada controversia, en la cual participará como abogado externo del Senado de la República el ex titular de la Unidad de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Nava Malagón, los senadores esperan igualmente que se pongan límites y se definan los alcances del Poder Ejecutivo para emitir este tipo de acuerdos en materia bancaria.