TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Instalados en una casa a las afueras de la ciudad, siete de los 20 indígenas acusados por la matanza de Acteal que fueron liberados en agosto, esperan su reubicación convenida con el gobierno estatal.

Ninguno puede regresar a sus comunidades en el municipio de Chenalhó, ni de visita; tampoco visitar a quienes siguen presos o acercarse a San Cristóbal de la Casas. Así lo decidió el gobierno estatal a cambio de darles un terreno y apoyarlos en la construcción de viviendas, que ellos aceptan resignados.

“Tenemos un convenio y lo vamos a respetar. Si él (Dios) quiere que regresemos algún día, vamos a regresar”, explica Tomás Pérez Méndez, de 60 años, quien por su edad es el que generalmente habla por el grupo. Todos lo escuchan y atienden sus sugerencias.

Nadie habla de los casi 12 años que pasaron en prisión. Tienen la esperanza puesta en el terreno de 30 hectáreas que el gobierno del Estado les ha ofrecido comprar en el municipio de Villaflores, ubicado a unas dos horas de esta capital.

Un convenio similar firmaron los nueve presos liberados el jueves pasado.

Aún hay 50 presos, todos indígenas tzotziles como los 29 liberados hasta ahora.

A 20 de ellos, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se les repondrá el proceso y podrían salir libres en los próximos meses.

Para los otros treinta, promoverán incidentes de reconocimiento de inocencia, con lo que quizá alcancen su libertad, pero tardará algún tiempo más.